Exigen al alcalde de Machu Picchuparalizar obras en zona intangible
Representantes del comité alterno de la Unidad de Gestión de Machu Picchu exigieron al alcalde de esa localidad, Edgar Miranda, paralizar inmediatamente las obras que viene realizando de manera ilegal en un área de cinco hectáreas de terreno ubicadas en una zona intangible del santuario inca.
Tras una reunión de emergencia, representantes del INRENA, el INC, el Vice-Ministerio de Turismo y del Gobierno Regional del Cusco, acordaron enviarle una carta conminándolo a que deje de atentar contra nuestro patrimonio, pues se constató que pese a la denuncia penal en su contra, continúan los trabajos en la zona.
El abogado Wilson Inga, asesor legal de la Jefatura del Santuario Histórico de Machu Picchu, informó que se ha solicitado el statu quo de las actividades, con el fin de que se paralicen los trabajos por estar ocasionando perjuicios irreversibles contra el área protegida.
Los actos ilícitos se iniciaron en noviembre del año pasado, cuando personal guardaparque del santuario intervino a 3 obreros realizando hoyos para cercar unas 5 hectáreas de terreno ubicado en la margen derecha del río Vilcanota, en el kilómetro 113 de la línea férrea sector de Santa Teresa.
Pese a la intervención y la orden de paralización de las actividades, los obreros continuaron depredando la zona por lo que el INRENA decidió interponer denuncia penal contra los intervenidos.
Con fecha 11 de abril, el Juzgado Penal de la Provincia de Urubamba-Cusco abrió proceso penal contra Juan Soncco Llaiqui, Víctor Raúl Rodríguez Quispe y Máximo Condori Injueña por la comisión de delitos contra la ecología en la modalidad de depredación de recursos naturales, alteración del paisaje natural, contra el patrimonio en la modalidad de usurpación y daños agravados; y contra la administración pública en la modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Los trabajadores demandados afirmaron que fueron contratados por el alcalde de Machu Picchu y por la empresa “Totos” de propiedad del burgomaestre. Con fecha 19 de mayo, el INRENA solicitó la ampliación de la denuncia penal contra el alcalde, por encontrarse indicios suficientes que lo acreditan como responsable de los hechos.
Representantes del comité alterno de la Unidad de Gestión de Machu Picchu exigieron al alcalde de esa localidad, Edgar Miranda, paralizar inmediatamente las obras que viene realizando de manera ilegal en un área de cinco hectáreas de terreno ubicadas en una zona intangible del santuario inca.
Tras una reunión de emergencia, representantes del INRENA, el INC, el Vice-Ministerio de Turismo y del Gobierno Regional del Cusco, acordaron enviarle una carta conminándolo a que deje de atentar contra nuestro patrimonio, pues se constató que pese a la denuncia penal en su contra, continúan los trabajos en la zona.
El abogado Wilson Inga, asesor legal de la Jefatura del Santuario Histórico de Machu Picchu, informó que se ha solicitado el statu quo de las actividades, con el fin de que se paralicen los trabajos por estar ocasionando perjuicios irreversibles contra el área protegida.
Los actos ilícitos se iniciaron en noviembre del año pasado, cuando personal guardaparque del santuario intervino a 3 obreros realizando hoyos para cercar unas 5 hectáreas de terreno ubicado en la margen derecha del río Vilcanota, en el kilómetro 113 de la línea férrea sector de Santa Teresa.
Pese a la intervención y la orden de paralización de las actividades, los obreros continuaron depredando la zona por lo que el INRENA decidió interponer denuncia penal contra los intervenidos.
Con fecha 11 de abril, el Juzgado Penal de la Provincia de Urubamba-Cusco abrió proceso penal contra Juan Soncco Llaiqui, Víctor Raúl Rodríguez Quispe y Máximo Condori Injueña por la comisión de delitos contra la ecología en la modalidad de depredación de recursos naturales, alteración del paisaje natural, contra el patrimonio en la modalidad de usurpación y daños agravados; y contra la administración pública en la modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Los trabajadores demandados afirmaron que fueron contratados por el alcalde de Machu Picchu y por la empresa “Totos” de propiedad del burgomaestre. Con fecha 19 de mayo, el INRENA solicitó la ampliación de la denuncia penal contra el alcalde, por encontrarse indicios suficientes que lo acreditan como responsable de los hechos.
O.C. INRENA
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